El gobierno nacional está trabajando en una reforma penal que inquieta al país
Actualizado: 11 may
Priorizar la resocialización de quienes incurran en delitos para “evitar” la reincidencia es la consigna central de la reforma.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, pretende disminuir el número de presos con medidas como eliminar ciertos delitos: calumnia, injuria, inasistencia alimentaria, incesto, entre otros. Por otro lado, reducir la pena máxima de 60 pasa a 40 años. También propone fomentar el uso de penas no privativas de la libertad como la condena condicional y la prisión domiciliaria, en pocas palabras, más bandidos sueltos. Y como si fuera poco, restringir la definición de delitos como concierto para delinquir y terrorismo.
Estas decisiones están basadas en ideologías y no en evidencias ni estudios, ¿cómo demuestra el ministro, que estas medidas previenen la reincidencia? Estos estudios en Colombia no existen, ningún gobierno ha querido darse la tarea de investigar.
Y pa’ colmo la supuesta Paz Total
Esta es la apuesta de Petro para negociar con los causantes de la violencia que ha desangrado a la nación por años, los grupos armados ilegales. La Paz Total es ahora una política de Estado que incluye la negociación con personajes como el ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales como el Clan del Golfo, quienes accederían a beneficios como disminución de penas y no extradición.
Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno en La Habana, afirma que “Reabrir negociaciones con Iván Márquez promueve la cultura del repechaje y envía un mensaje nocivo a los que sí cumplieron, las comunidades comprometidas y a futuras negociaciones. Se les premia por incumplir.
La Paz Total no es más que otro eufemismo que maquilla la criminalidad y la impunidad, es una burla al marco legal. Tienen un Comisionado de Paz que poco o nada de experiencia tienen en negociaciones de esta índole. Frente al problema del narcotráfico, por ejemplo, cómo garantizará esta política que las economías ilegales no sigan creciendo cuando dejen de ser perseguidas y entonces otras entren a disputarlo. Terminaría siendo un pago por anticipado cuando los cabecillas se jubilen.
En Colombia 9 de cada 10 delitos se quedan sin resolver, el 40% de los reclusos no tienen sentencias, la probabilidad de ser absuelto es 80% mayor si el enjuiciado tiene la capacidad de contratar un abogado. La reforma que pretenden al Código Penal trae más dudas que certezas.
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